La dura realidad que enfrentan las diversas empresas dedicadas a prestar y utilizar servicios de transporte de carga aérea se ha convertido en un tema muy polémico para la industria. Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició la obra de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), comenzó a ser un tema controversial para todas las empresas cargueras y relacionadas a la industria del comercio exterior.
Realizando un breve análisis, el AIFA se localiza en la zona metropolitana del Valle de México, en Zumpango de Ocampo. Expertos coinciden que se localiza en un punto de mayor inseguridad comparado con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM). El pasado 01 de febrero se publicó el Decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) mediante el cual se prohíben los servicios de carga en el AICM, solo se podrán brindar cuando se realice en la misma aeronave donde viajen pasajeros y el AIFA será quien absorba esta actividad.
Esta medida supone grandes costes y retos logísticos, aduaneros y de planeación de transporte debido a la lejanía que tiene el AIFA de los principales CEDIS en la Ciudad de México por ejemplo. En este sentido, trasladar la carga desde el AIFA hacia diversos puntos en el Valle de México, así como el resto del país, implica un riesgo mayor debido a que la ruta donde inician los viajes será más tardada y enfrentando la inseguridad.
El AICM es un punto estratégico, por lo cual la carga en el AIFA resultará más complicada de trasladarse a los diversos puntos principales de distribución. Durante el sexenio se mejoraron autopistas para hacer más accesible el camino al AIFA, sin embargo, pasar por el Circuito Exterior Mexiquense o la carretera México-Pachuca implica un cobro de casetas que incrementa los costos de los fletes, adicional a mayor gasto de combustible.
Adicional a estas problemáticas se suma que de las empresas que operan actualmente en el AICM, no todas pueden renegociar sus tarifas con los clientes en el mismo nivel. Por ello, uno de los retos centrales será conocer quiénes serán capaces de adaptarse en este proceso de transición. En este sentido hay dos partes medulares que se verán afectadas por esta decisión. Por un lado, las empresas que deberán incrementar los costos de los fletes y perderán clientes por no ser competitivos frente a quienes aumenten muy poco o no lo hagan en absoluto. Del otro, los consumidores finales que pagarán más caros los productos que adquieran.
Aunado al tema de los costos, no es fácil mudar todo una infraestructura a un nuevo aeropuerto con sus implicaciones, ese será un segundo filtro en donde quedarán fuera
empresas que, a pesar de poder negociar tarifas, no tengan la posibilidad de migrar sus procedimientos de forma rápida y eficiente.
Algunas fuentes señalan que el AIFA aún carece de las capacidades e infraestructura suficiente para poder abastecerse de toda la carga que llegaba al AICM. Enfrenta desconocimiento por saber si habrá carriles o un lugar específico para la carga, tal como lo había en el aeropuerto anterior. Asimismo, se desconoce si existirán las facilidades necesarias para llevar a cabo el procedimiento pertinente para realizar las operaciones en un óptimo nivel y respetando los tiempos y procesos aduaneros correctos.
Las empresas tienen aproximadamente tres meses para implementar lo necesario con respecto a la migración de aeropuerto y operaciones, dentro de este lapso también el gobierno federal podría emitir alguna prórroga, ya que el tiempo parece muy corto para realizar una correcta transición que toma por sorpresa a negocios dedicados a la carga aérea. También estará por evaluarse el impacto dentro de los precios a los clientes finales y esperar que no haya tantos inconvenientes para realizar lo que solicita el decreto.
Estudió la carrera de Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con inclinación hacia el ámbito profesional de comercio exterior y logística, con un amplio interés en las ramas de agenciamiento de carga, innovación y tendencias en el comercio.