Con la llegada de las vacunas a los diferentes países a nivel mundial, también comienzan las especulaciones sobre los sectores que necesitan con mayor urgencia su aplicación. Cada país ha expresado el esquema de vacunación que espera seguir con el fin de proteger del virus a la mayoría de su población. Desafortunadamente no todo luce favorable frente a esta situación y en algunos casos las diferencias en la forma de pensamiento de los mandatarios exponen abiertamente los intereses de cada nación.
En días recientes Pete Ricketts, gobernador de Nebraska, Estados Unidos, expresó que no esperaba que trabajadores ilegales recibieran vacunas; dichas declaraciones provocaron críticas de defensores de salud pública y de los propios migrantes. A lo que nuestro canciller Marcelo Ebrard respondió que México invocará el capítulo laboral en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) para que los trabajadores migrantes reciban la vacuna contra el Covid-19 en EE. UU. Asimismo expresó que, aunque la vacuna no es un derecho laboral, sí es un derecho establecido que el trabajador no debe estar expuesto al contagio y es una obligación del gobierno estadounidense pactada en un tratado internacional vigente.
Ebrard recordó que el capítulo laboral del T-MEC establece que los países miembros asegurarán que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales “sean o no nacionales de la parte” y reconoce además “la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes con respecto a las protecciones laborales”.
Es importante destacar que el vecino norteamericano, con 380,821 decesos, y México, con 135,682, son el primero y el cuarto país más enlutados del mundo por el Covid-19, lo que vuelve de suma importancia la aplicación de esta vacuna para nacionales y migrantes a fin de reducir lo mayormente posible el riesgo de contraer esta enfermedad y volver paulatinamente a un ritmo “normal” de vida.
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