El pasado 12 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una iniciativa con la cual se pretende prohibir la subcontratación de la simulación de relaciones laborales y regular el outsourcing. Dicha iniciativa fue elaborada por Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo cual pondrá en riesgo millones de empleos y disminuirán los ingresos del Estado.
El outsourcing o la llamada tercerización es la práctica de obtener bienes y servicios de un proveedor externo, esto se usa en industrias donde hay escasez de mano de obra o el costo es demasiado alto. Por lo que esta propuesta pretende regular tres cuestiones, que son la subcontratación de personal; la regulación servicios especializados que no formen parte del objeto social y las agencias de colocación.
No obstante, el mercado de la subcontratación se integra por 5 millones de trabajadores, formando parte del 23% de los inscritos al IMSS. Donde las grandes empresas han sido por excelencia el área donde se ha trabajado con personal subcontratado, ya que el 45.8% lo integra; mientras que, el sector servicios cuenta con 34.8% del personal bajo subcontrato, 30.5% en el comercio y 24.9% en las industrias.
Por otro lado, los micronegocios y las pymes han tenido un papel importante al integrar el 94.9% de los establecimientos a nivel nacional, empleando a 9.5% y 44.7% del personal contratado a través de esta práctica, ya que la existencia del outsourcing aumenta la productividad de las empresas, cuestión visible desde 2003 hasta 2018 con un 4.4% anual del personal subcontratado.
Es por esto que eliminar el outsourcing provocaría la pérdida de competitividad, desalentando la inversión extranjera directa, además de que haría que las empresas fraudulentas continuaran ofreciendo sus servicios por la vía ilegal. Al igual que perder en la reducción en el sector informal, el cual ha ido del 33% al 22% de la población ocupada.
La propuesta de Ley fue rechazada por organismos empresariales, inversionistas, partidos políticos de oposición, sindicatos, académicos y organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto debido a que se traiciona la confianza de los agentes interesados en México, pues no habría forma de que la economía compitiera frente a sus socios comerciales afectando cada vez más los flujos de inversión tanto nacionales y como extranjeros.
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