Durante el pasado mes de julio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó que tanto la Secretaria de Marina (SEMAR) institución militar nacional de carácter permanente que emplea el poder naval de la Federación para la defensa exterior y la seguridad interior del país, así como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas relacionadas con las dos ramas de las Fuerzas armadas que administra: el Ejército y la Fuerza aérea, se encargarían de la administración de las aduanas en el país.
En mes de septiembre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indicó que el titular de la Administración General de Aduanas (AGA), Horacio Duarte Olivares, se había reunido con elementos de la SEMAR que se incorporarían a la AGA. Pese a la incertidumbre que la decisión del actual presidente de México ha traído consigo, Duarte expresó que el SAT no está militarizando las aduanas. Reiteró también su compromiso con “la importante tarea de fortalecer las operaciones de comercio en las aduanas y acabar con malas prácticas profundamente arraigadas como el influyentismo y la corrupción”.
Es así como el Gobierno Federal ha dejado entrever un listado con 15 nombres que resuenan para la ocupación de cargos públicos en diferentes aduanas del país, entre los que destacan:
- Aduana de Altamira (Tamaulipas): Tte. Nav. Im. Ret. Carlos Alberto Mier Gonzales.
- Aduana de Ciudad del Carmen (Campeche): Contralmirante CG. DEM. Ret. Armando Caballero Vázquez.
- Aduana de Coatzacoalcos (Veracruz): Contralmirante CG DEM Armando Almaguer Vargas.
Son diversas las personalidades que no están de acuerdo con las medidas empleadas bajo la administración actual, entre ellas Manuel Díaz, director general de Seko Logistics México, quien no ha dudado en detallar que el nombramiento de estas personas viene a obstaculizar la actividad del intercambio internacional de mercancías, ejemplo de ello es que se han presentado casos en los que elementos, sin razón de ser, someten la carga a revisión indiscriminada solo por su “desconfianza”.
Este tipo de medidas adoptadas también ha generado el descontento en administraciones como la API, motivo de la renuncia de Javier Jiménez Espriú de la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
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